Precios

Protección de Datos Personales y otros servicios

Precios de Protección de Datos Personales

Es importante que cada entidad revise sus obligaciones específicas para asegurar el cumplimiento adecuado. Si necesita más información detallada o asesoramiento específico, le recomendamos que consulte con nuestros expertos en Garante Privacy.

La base jurídica argumentada por la Agencia Española de Protección de Datos, sobre protección de datos personales, RGPD y LOPDGDD, exige medidas para la protección de los derechos de privacidad de las personas y la garantía del cumplimiento legal.

Para las personas que estén interesadas en servicios relacionados con la protección de datos, nuestros servicios en este ámbito, van desde las medidas organizativas para la responsabilidad activa, hasta soluciones jurídicas y técnicas para asegurar el cumplimiento, proporcionando orientaciones y recursos eficaces.

Servicios Precios Periodicidad
Protocolos de Protección de Datos Personales y medidas de Responsabilidad Activa desde
150 €
Anual
Diagnósis de cumplimiento de RGPD y LOPDGDD desde
100 €
Pago único
Auditoría de Protección de Datos Personales desde
200 €
Pago único
Análisis de Riesgos de Datos Personales desde
150 €
Pago único
Evaluación de Impacto de Datos Personales desde
200 €
Pago único
Gestión de Operaciones de Alto Riesgo desde
250 €
Pago único
Servicios de Delegado de Protección de Datos desde
500 €
Anual

*IVA no incluido en los precios. Estos precios son orientativos y están sujetas a adaptaciones personalizadas

Incluido en los Precios de Protección de Datos

  • Acceso a la plataforma tecnológica Garante Privacy.

  • Actualizaciones en la plataforma tecnológica Garante Privacy.

  • Propuestas, participación y formatos a medida Garante Privacy.

¿A quiénes van dirigidos los precios de cumplimiento de Protección de Datos Personales?

Los sujetos obligados a cumplir con el RGPD son bastante amplios y abarcan diversas entidades y figuras dentro de la UE:

  • Entidades mercantiles: cualquier empresa que procese datos personales
  • Administraciones y organismos públicos: incluyendo autoridades locales y nacionales.

  • Asociaciones: que manejen datos personales en sus operaciones.

  • Autónomos: que traten datos personales en el curso de su actividad profesional.

  • Comunidades de bienes y comunidades de vecinos: en la medida en que gestionen datos personales.

  • Entidades que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala: puede incluir empresas de tecnología, marketing y otras que realicen seguimiento de datos a gran escala.

  • Entidades que traten categorías especiales de datos personales a gran escala: datos de salud, orientación sexual, creencias religiosas, etc.

Además, ciertas entidades están obligadas a designar un Delegado de Protección de Datos (DPD), como, por ejemplo:

  • Colegios profesionales y sus consejos generales.
  • Centros docentes y universidades.

  • Entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas.

  • Prestadores de servicios de la sociedad de la información que elaboren perfiles a gran escala.

  • Entidades financieras, aseguradoras y reaseguradoras.

  • Empresas de servicios de inversión.

  • Distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y gas natural.

  • Entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito.

  • Entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial que impliquen la elaboración de perfiles.

Contratar Servicios

Contacta con Garante Privacy para contratar cualquiera de los Servicios de Protección de Datos Personales

Precios sobre Políticas del Canal de Denuncias, Infracciones Normativas y Lucha Contra la Corrupción

Para las personas que estén interesadas en nuestros servicios en este ámbito, para que las organizaciones cumplan con el deber de proteger a los informantes de represalias y fomentar una cultura de transparencia y cumplimiento normativo, van desde el canal de denuncias, mantener un libro-registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a que hayan dado lugar, hasta garantizar la confidencialidad a través del denominado Sistema Interno de Información, SII.

Servicios Precios Periodicidad
Canal de denuncias desde
150 €
Anual
Políticas del Sistema Interno de Información desde
250 €
Pago único
Auditoría de infracciones normativas y lucha contra la corrupción desde
200 €
Pago único
Gestión del Sistema Interno de Información desde
500 €
Anual

*IVA no incluido en los precios. Estos precios son orientativos y están sujetas a adaptaciones personalizadas

¿A quiénes van dirigidas los precios sobre las Políticas del Canal de Denuncias, Infracciones Normativas y Lucha Contra la Corrupción?

Son sujetos obligados a disponer un Sistema Interno de Información en los términos previstos en la Ley 2/2023 que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción:

  • Las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados cincuenta o más trabajadores.
  • Las personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente a que se refieren las partes I.B y II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, deberán disponer de un Sistema Interno de Información que se regulará por su normativa específica con independencia del número de trabajadores con que cuenten. En estos casos, esta ley será de aplicación en lo no regulado por su normativa específica.

  • Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.

Precios sobre las medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y Lucha Contra el Terrorismo

Para las personas que estén interesadas en nuestros servicios en este ámbito, para que las organizaciones cumplan con el deber de prevención de actividades ilícitas como el blanqueo de capitales y luchar contra el terrorismo, van desde la normativa interna de prevención, definición de órganos de control interno, medidas de diligencia debida, política de admisión de Clientes, análisis de riesgos y detección de operaciones sospechosas y seguridad de la información, para el Sistema PBCYFT (Prevención del Blanqueo de Capitales y Lucha Contra el Terrorismo).

Servicios Precios Periodicidad
Medidas de Responsabilidad Activa y Protocolos PBCYFT desde
450 €
Anual
Análisis de Riesgos de Clientes desde
250 €
Pago único
Auditoría del Sistema PBCYFT desde
200 €
Pago único
Gestión del Sistema PBCYFT desde
500 €
Anual

*IVA no incluido en los precios. Estos precios son orientativos y están sujetas a adaptaciones personalizadas

¿A quiénes van dirigidos los precios sobre las medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y Lucha Contra el Terrorismo?

En España, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo exige un régimen legal que establece las categorías de personas y entidades que están obligadas a cumplir con las normativas de prevención en estos ámbitos que se denominan sujetos obligados, tanto personas como empresas.

Se trata de identificar aquellas actividades a las que está expuesta la organización y pueden causar un riesgo de blanqueo, por ejemplo: donaciones, negocios jurídicos que exigen figuras jurídicas complejas o fuera de mercado, actos por debajo de valor de mercado, ventas, etc.

  • Personas físicas o jurídicas condenadas por delitos económicos y/o fiscales, Casinos, y entidades de juego, apuestas y juegos de azar.
  • Personas jurídicas de las que se sospecha que no existe coincidencia entre la titularidad formal y la titularidad real y/o composición real del órgano de gobierno y/o administración.

  • Clientes relacionados con la producción de armamento y productos similares.

  • Empresas de vehículos de importación.

  • Agencias de cambio de monedas, divisas y transferencias.

  • Declaraciones o documentación librada con indicios de falta a la verdad, simulación o fraude.

  • Otras que puedan ser consideradas con un riesgo intrínseco de blanqueo o financiación del terrorismo.